“El juez Ferrín Calamita ha sido víctima de la inquisición gay”

El semanario católico Alba retoma la campaña a favor del magistrado homófobo

Todo depende del cristal con que se mire. Por eso, para el semanario católico Alba, el juez Fernando Ferrín Calamita, condenado el pasado mes de diciembre a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es una “víctima de la inquisición gay” y no el culpable de retrasar maliciosamente la adopción de una pareja de lesbianas –como dictaminó el órgano judicial-. Incluso, la visión de su “delito” es distinta. Para la publicación, el único pecado de Calamita es “haber dudado de la idoneidad” de las madres –una de las cuales era la progenitora biológica-. “Su duda le llevó a solicitar informes. Y la solicitud e informes a dilatar el proceso de adopción. El TSJ le ha condenado (..) en una sentencia ‘chapucera’ e ‘injusta’ según el propio Ferrín”, proclaman desde esta publicación.

Es el último capítulo de la causa pro- Calamita –plataforma para recoger fondos incluida- a quien ya se viene presentando reiteradamente como víctima del lobby gay.

“El juez de Familia de Murcia Ferrín Calamita ha sido víctima de la ‘inquisición gay’. ¿Su delito? Haber dudado de la idoneidad de una pareja de lesbianas para educar a una niña. Su duda le llevó a solicitar informes. Y la solicitud de informes a dilatar el proceso de adopción. El TSJ de Murcia le ha condenado por ‘retraso malicioso’ en una sentencia ‘chapucera’ e ‘injusta’ según el propio Ferrín”. Así comienza el semanario católico su defensa exacerbada del magistrado homófobo.

Irregularidades
Tras denunciar las supuestas irregularidades en el proceso judicial –por ejemplo, que “todo caso debe explicarse y no hay tal explicación en la sentencia”, o que el juez instructor aceptó “la causa a pesar de no apreciar indicio de delito”-, Alba cita la carta abierta en la que Calamita asevera que su juicio “ha sido ‘político’ y no jurídico” y que ha tenido escasa calidad técnica.

“Presuntos chantajes”

Además, el semanario presenta al magistrado como víctima de “presuntos chantajes”, que, acorralado, empieza a plantearse si son o no constitucionales las bodas gays. “Su conclusión es que no hay dudas de la inconstitucionalidad del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo. ‘No lo digo yo. Lo dice el Consejo de Estado, el CGPJ, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación e insignes juristas y ex magistrados del TC’”, citan.

“Inconstitucionalidad” del matrimonio gay

“Pero es en ese momento en el que anuncia que presentará la cuestión de inconstitucionalidad cuando el abogado de las lesbianas, José Luis Mazón, le recusa por ser católico. Obviamente, inadmite la recusación porque la condición de católico no impide el ejercicio profesional ni la independencia judicial. Salvo que, como opina la inquisición gay, los católicos no puedan ser jueces de familia. Una discriminación inaceptable”, aseveran. “La inquisición gay ha logrado su victoria. De momento. Porque el recurso de casación pondrá en evidencia la independencia del poder judicial y nuestro Estado de Derecho”, concluyen.

La Plataforma

Es de destacar que, además de abanderar esta causa, este periódico se hace eco de que la Plataforma pro- Calamita –que pretende recabar fondos y mensajes de apoyo para el juez- ha reunido ya 20.000 euros. “para ayudar al mantenimiento del juez Ferrín, padre de siete hijos sin otros ingresos que los derivados de su ejercicio profesional” –la condena no le exime de cobrar, tan sólo limita su sueldo en un 30%-.

El argumentario del juez

También conviene no perderse el alegato que pronunció Calamita en juicio, una verdadera exhortación católica recogida por Alba. “Una condena sería gravemente injusta, y obviamente la recurriría. Sería una injusticia más, de las muchas que se cometen diariamente en el mundo (ahí está el genocidio del aborto, las guerras que asolan a varios países, la hambruna…). Tengo la conciencia muy tranquila, y eso es lo fundamental. Si pese a ello, y sin duda por motivos políticos, que no jurídicos (pues hasta un licenciado en Derecho sabe que no hay delito) se me expulsa de la carrera judicial, tras agotar todos los recursos legales, lo aceptaré como venido de la mano de Dios. Él a veces escribe recto con renglones torcidos (…). Desde julio de 2007, me he dado cuenta de que iba por mal camino. Ahora sé que el trabajo debe ocupar un tercer lugar, después de Dios y de la familia”.

El juez Calamita asegura que retrasó una adopción homosexual para proteger el interés de la niña

Puso en duda la idoneidad de la madre biológica de una niña para que consintiera la adopción por parte de su esposa. La obligó a comparecer ante él con abogado y procurador, en contra de lo que establece la ley para estos trámites. Tuvo durante meses encima de la mesa de su despacho el expediente de adopción sin resolverlo ni a favor ni en contra. No hizo caso a un informe que certificaba la capacidad de la pareja para hacerse cargo de la niña, con el objetivo de preguntar a los servicios sociales si la adopción por homosexuales aumentaba el riesgo de que la menor también lo fuera. Hasta decidió preguntar al Tribunal Constitucional sobre la validez de la ley del matrimonio gay.


El juez Calamita, en el inicio de la vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia- EFE

Todos estos actos -que obstaculizaron y ralentizaron durante más de un año la adopción de la hija de Susana Meseguer, concebida por inseminación artificial, por su esposa Vanesa de las Heras- tenían por objetivo "proteger el interés de la menor", según ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el juez de Familia de esa ciudad Fernando Ferrín Calamita en la primera jornada del juicio que se sigue contra él por supuesta prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y que podría acabar con su expulsión de la carrera judicial.

Ferrín ha asegurado que no aceptó el primer informe porque sólo se refería a los medios económicos y la idoneidad de la madre y de su esposa y futura adoptante para acoger a la niña, en lugar de hablar del interés de ésta. Por esa razón, ha reclamó otro informe a la Dirección General de la Familia de Murcia en el que preguntaba: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia normal, formada por personas de distinto sexo? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?". Ése segundo informe se lo reclamó a todos los psicólogos de ese organismo.

"Firmé la providencia sin darme cuenta"

Hoy, ante el tribunal, ha admitido que tuvo durante meses sobre su mesa el expediente de la adopción de la niña sin resolverlo. No lo hizo, según ha dicho en el juicio, porque no era urgente. "No hay ninguna norma que me obligara a resolver ese caso con prioridad", ha declarado. También ha admitido que obligó a la pareja a comparecer ante él con abogado y procurador, cuando no es necesario en estos casos. "Puede que sea una irregularidad, pero no es prevaricación", ha asegurado. Sobre la orden firmada por él para que el equipo psicosocial del juzgado indagara sobre la idoneidad de la madre biológica -lo que le hizo pensar que podría arrebatársela-, Ferrín no dudó en echar las culpas a las funcionarias de ese equipo: "Ellas redactaron la providencia y yo la firmé sin darme cuenta".

A su salida del tribunal, Ferrín ha asegurado que ya no cree en la justicia. "Me río de la independencia y la inamovilidad de los jueces", ha contestado a preguntas de los periodistas. Después aseguró que no se arrepiente de nada y que si volviera a pasar por la misma situación, actuaría de la misma forma. También se negó a mostrar su apoyo o rechazo a la ley del matrimonio homosexual, aunque afirmó: "Los niños necesitan de un padre y una madre. Un hombre y una mujer se complementan. Dos mujeres no".

Hace dos semanas, el Consejo General del Poder Judicial desestimó la petición de Ferrín Calamita para que le levantara la suspensión que pesa sobre él. El juez argumentaba que el castigo le está obligando a trabajar en la economía sumergida.


Fuente: http://www.elpais.com

Comenzó juicio contra el juez que retrasó una adopción a dos lesbianas

MURCIA.- El juicio contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por retardar supuestamente el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental, dará comienzo hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia acordó, por auto de 30 de octubre de 2008, el comienzo del juicio oral respecto a Fernando Ferrín Calamita hoy, día 24, a las 10.00 horas y está previsto que el juicio se desarrolle en cuatro sesiones de mañana y tarde durante los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre. Durante la primera sesión de la vista oral estará dedicada al interrogatorio que el fiscal, la acusación particular y la defensa harán al acusado.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación sobre la base de conclusiones provisionales, considera al acusado autor de un delito continuado de prevaricación, con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal -actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica- y pide que se imponga una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años.

Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales. También la acusación particular considera al acusado autor de un delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal o, alternativamente, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, cometido por funcionario público, de discriminación por razón de orientación sexual en la prestación de un servicio público.

En el primer caso, pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y, alternativamente, por el delito de discriminación, la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para cargo público por cuatro años. La defensa considera que no hay delito continuado de prevaricación, ni tampoco retardo malicioso, ni negación del acceso a la adoptante a la justicia por razón de su orientación sexual; que por tanto no puede haber circunstancias agravantes y solicita la libre absolución.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el magistrado cometió el citado delito con la agravante de "actuar movido por animadversión hacia la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica". Por ello pide que se imponga además al magistrado, una multa de 810 euros y se le condena al pago de una indemnización de 18.000 euros, que recibiría Vanesa de la Heras Hermosilla, pareja de la madre de la niña.

En mayo de 2006, De la Heras inició en el Juzgado el procedimiento habitual para pedir la adopción de la hija de su pareja, Susana Meseguer. El expediente recayó en las dependencias que dirigía Ferrín Calamita que decidió solicitar -"de forma sorprendente", dice el Ministerio Público- un informe al Gabinete Psicosocial sobre la repercusión que tendría en la menor ser adoptada por una pareja homosexual.

El Gabinete emite un informe favorable a la adopción el 11 de agosto de 2006, escrito que, según la Fiscalía, "contrarió las expectativas del magistrado para quien el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar constituye una aberración que debiera ser apreciable por todos".

No obstante, "amparándose en un supuesto interés del menor bajo el que subyace un evidente rechazo hacía la homosexualidad" y transcurridos seis meses desde el informe positivo del Gabinete, el juez nombra mediante un auto un 'defensor judicial' ya que la madre en su opinión "ha demostrado tener intereses contrapuestos a los del menor".

La Fiscalía considera que esta actitud indica que Ferrín Calamita "quería un defensor judicial que defendiera su criterio de lo que es el interés del menor" y además, viola el principio que otorga a los padres la patria potestad sobre sus hijos no enmancipados. El defensor judicial contestó al requerimiento mostrándose también favorable a la adopción. Ante esto el juez solicita la ampliación del informe para luego decidir prescindir de esta figura.

Por último, el juez dilató también, según la Fiscalía, la admisión a trámite de una recusación presentada en su contra "violando las normas de competencia y procedimiento establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la LOPJ. "La tramitación del expediente de adopción sufrió una evidente dilación motivada por las irregulares diligencias acordadas por el acusado".

Según su escrito de acusación, Ferrín Calamita perseguía el "fin ilegítimo" de "trasladar a la niña a otra familia compuesta de progenitores (adoptivos) de distinto sexo" e "impedir a la solicitante la realización de su derecho de adopción". Para ello, retrasó en más de dos años un "trámite sencillo y rutinario" que suele resolverse en dos meses.

A juicio de esta parte, la "ofuscación, actitud integrista o visceralismo" del magistrado le llevó a "anteponer sus creencias a sus deberes profesionales", por lo que, "llevado en este caso por su rechazo y ojeriza a los derechos de los homosexuales, convirtió un simple expediente de adopción en un campo de defensa de sus principios".

Así, argumenta que llevó a cabo un "complicado y estrambótico" procedimiento en el que, acordando "inauditas diligencias procesales, llega al paroximo o monta el espectáculo". A este respecto, recuerda la exigencia del magistrado de que todos los técnicos psicólogos de la Dirección General de Familia de Murcia "emitiesen un dictamen al unísono o en coro" en el que respondieran a preguntas "claramente orientadas, no sólo a impedir el derecho legal de adopción en pareja homosexual sino a quitarle a la madre por ser homosexual la custodia de su hija".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 19 de febrero por tres votos contra dos suspender cautelarmente en sus funciones al juez después de que el TSJRM admitiera a trámite la citada querella que presentó una mujer contra él por retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.

Además, la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió aplazar su decisión sobre dos propuestas de sanción disciplinaria planteadas por la Inspección contra Ferrín Calamita hasta que el TSJRM termine de instruir la querella presentada por la pareja de lesbianas afectada.

Fuente: http://www.elmundo.es