Juan José Morales
Parece increíble, pero en pleno siglo XXI, hay en el mundo 91 países —de ellos 85 miembros de las Naciones Unidas— en que la homosexualidad se considera delito, y en algunos de ellos se castiga con extrema severidad, incluso con cadena perpetua y hasta con la muerte. En algunas naciones musulmanas, como Arabia Saudita, la forma de ejecución prevista para un homosexual es la que establece la Sharia, la ley islámica: para un hombre casado o un no-musulmán que cometa sodomía con un musulmán, muerte por lapidación, mientras que la pena para un soltero es de 100 latigazos y destierro por un año. En Irán, se usa la horca.
Y no se crea que la persecución contra los homosexuales ocurre sólo en lejanos países islámicos. También ocurre en naciones cristianas de América. Las relaciones entre personas del mismo sexo son castigadas por los códigos penales de —entre otras naciones— Belice, Costa Rica, Guayana, Jamaica, Barbados, Granada, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y San Vicente y Las Granadinas, así como por los de algunos estados norteamericanos.
Ante tal situación, el gobierno francés, en su condición de presidente en turno de la Unión Europea, decidió presentar en nombre de ésta, y con apoyo de otros países como Argentina y Brasil, una iniciativa para que la Asamblea General de la ONU exhorte a todas las naciones del mundo a despenalizar la homosexualidad.
Podría pensarse que tal iniciativa recibiría un respaldo, si no unánime, al menos muy amplio. Pero El Vaticano se ha opuesto férreamente a ella, con el peregrino argumento de que podría tener como consecuencia que se generalice la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero no sólo eso. El Vaticano sigue negándose a permitir que el derecho a la libre elección sexual —en este caso la homosexualidad— sea incluido entre los derechos humanos.
Ya en un extenso documento dado a conocer en 1986, la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe —discreto nombre actual de la temible Santa Inquisición o Santo Oficio, entonces encabezada por el actual Papa, Joseph Ratzinger— dejó bien claro que para la Iglesia “el derecho a la homosexualidad no existe” que “la orientación homosexual es un desorden objetivo” y que “no debe ser la base jurídica para leyes de antidiscriminación”.
Dentro de esa misma línea de rechazar acuerdos en favor de los derechos humanos, con peculiares y retorcidas justificaciones, hace dos años, en 2006, El Vaticano también rehusó firmar la Convención Internacional sobre los Derechos de los Discapacitados, aduciendo que en ella no se condenaba explícitamente el aborto de fetos con malformaciones. En la convención —hay que subrayarlo— no se sugieren ni recomiendan tales abortos. Simplemente, la Iglesia quiso aprovechar la ocasión para introducir ese elemento y así reforzar sus campañas antiabortistas.
Pero si en el caso de los discapacitados resulta difícil saber qué motivos de animadversión contra ellos pudieran tener los jerarcas del Vaticano, en el de la homosexualidad su posición es muy explicable, pues resulta congruente con sus ancestrales puntos de vista. Su oposición a que se deje de considerar delito la homosexualidad y a que se pida eliminar de las leyes de todos los países las penas de cárcel o de muerte para los homosexuales, está en concordancia con la forma en que durante siglos los ha tratado.
Si mientras tuvo el poderío necesario para hacerlo, la SICAR, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, mandaba a prisión y quemaba vivos a los homosexuales, no veo porqué ahora quisiera impedir que otros hagan ese trabajito, aunque no con la hoguera sino mediante la horca, el pelotón de fusilamiento, el hacha del verdugo o —como ordena la Sharia— matándolos a pedradas.
Fuente: http://www.poresto.net/
